Alegatos de Justicia YA!
El miércoles 18 Myriam Bregman y Luis Bonomi, integrantes del CeProDH y el PTS, comenzaron con la exposición de su alegato por la mega causa ESMA, como parte del Colectivo Justicia Ya! Entre los principales planteos estuvo el pedido de cambio de carátula de la causa por la de genocidio, teniendo en cuenta que hubo un plan sistemático de exterminio de un grupo nacional y que no se trata de casos aislados. Se denunció el rol de las grandes patronales durante el Golpe y se exigió la recuperación y apertura de los “archivos de la represión”. Se acusó a 10 marinos por el asesinato de Rodolfo Walsh, denunciando la participación de toda la Armada como institución en el genocidio.
A 35 años del Golpe del ‘76, una de las causas más importantes para juzgar los delitos cometidos entonces está pasando por momentos decisivos. Se trata de la mega-causa ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el mayor centro clandestino de detención del país durante la última dictadura militar. El miércoles 18, en la sala se encontraban presentes integrantes de organismos de derechos humanos como el CeProDH, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), H.I.J.O.S, Madres de Plaza de Mayo, sobrevivientes y familiares como Patricia Walsh, representada por los querellantes en esta causa por el asesinato de su padre Rodolfo Walsh. Del otro lado, los rostros de los imputados Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Alfredo Astíz y Adolfo Donda lucían imperturbables, aunque no es difícil imaginar su consternación al tener que comparecer frente a un tribunal oral y llegar a la sala esposados, algo impensable años atrás; todo un triunfo de quienes vienen luchando por encarcelarlos.
Apenas iniciada la lectura del alegato, Myriam Bregman advirtió que “la historia de este expediente da cuenta de la historia de la impunidad en Argentina”, describiendo a continuación el arduo camino que debieron transitar sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos para llegar a la instancia actual. La abogada repasó algunos hitos de la impunidad: las leyes de obediencia debida y punto final, el indulto a los genocidas, y finalmente el desmembramiento de la causa en varias distintas, cuestión que oculta la magnitud del plan de exterminio que existió, evita que todos los partícipes (militares y civiles) sean juzgados como genocidas, y obliga a los sobrevivientes y familiares a testificar varias veces, arriesgándose innecesariamente y reviviendo hechos traumáticos una y otra vez.
El alegato develó los pormenores del asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, planificado y perpetrado por la patota de la ESMA, acusándose por este hecho a Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Pablo Eduardo García Velasco, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Juan Carlos Fotea, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber, Ricardo Miguel Cavallo. Luis Bonomi se refirió a las circunstancias de secuestro y condiciones de detención de tres de los sobrevivientes, hoy querellantes: Carlos Lorkipadnise, Enrique “Cachito” Fukman y Osvaldo Barros. En estos y otros casos se traslucía que las torturas apuntaban a destruir física y psicológicamente a los individuos, especialmente en tanto militantes o luchadores populares: según se dijo en el recinto, buscaban destruir las organizaciones combativas, especialmente las de trabajadores. Los prisioneros de la ESMA fueron sometidos a trabajo esclavo, siendo obligados a falsificar documentos, entre otras tareas.
Ojos que no ven
Una denuncia reiterada en esta instancia fue la política restrictiva que tiene la Justicia en lo que respecta a la televisación y transmisión del juicio: es una forma de continuar protegiendo a los imputados, de que sus rostros queden ocultos, de que los testimonios de los sobrevivientes no sean escuchados por millones. El ocultamiento es una variable contra la cual se viene luchando también en un terreno que resulta fundamental: el acceso a la información. “Nos preguntamos” –dijo Bregman- “cuándo entregarán los gobiernos de turno a la justicia la lista completa de los represores que actuaron en cada campo (...) El problema de los así llamados ‘archivos de la represión’ recorrió el presente proceso oral. Esos documentos constituirían prueba fundamental para dilucidar el destino de las víctimas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada. Puso esta querella gran esfuerzo para dar con ellos, por las víctimas desaparecidas a la fecha, por los sobrevivientes y por todos aquellos niños -hoy jóvenes- que aún continúan apropiados, es decir, siguen presos en su condición de víctimas.” La exigencia de que se busquen archivos ocultos mediante medidas efectivas y se entregue toda la información pertinente en poder del Estado, se planteó como prioritaria e ineludible.
Terrorismo de estado, participación civil y patronal
Un punto fundamental del alegato consistió en desnudar el verdadero carácter de la dictadura, demostrando que no se trató de la obra de “locos sueltos” o de grupos aislados, sino que actuaron las instituciones represivas de conjunto: “al igual que en otros juicios” –indicó Bregman- “los acusados han querido justificar su accionar argumentando que se estaba viviendo una guerra, como si esta definición trajera consigo mágicamente la exculpación y absolución por el genocidio que ellos cometieron. Como si la palabra “guerra” autorizase el uso generalizado de la tortura, la desaparición forzada de personas, el asesinato a sangre fría, la apropiación de bebés, las violaciones, el robo, los centros clandestinos de detención, la perpetración de un genocidio.” La abogada encontró un paralelo con la utilización del término que hacen las potencias imperialistas para justificar sus crímenes, en nombre de la supuesta “guerra contra el terrorismo”, en nombre de la cual Argentina adhirió a las políticas represivas promovidas por los Estados Unidos.
Pero los militares no actuaban por iniciativa propia, ni estaban solos: contaban con el valioso apoyo de instituciones como la Iglesia Católica. Los grandes empresarios fueron quienes pergeñaron el plan que exterminó a 30.000 compañeros: “para implementar su política de hambre y miseria, venían pregonando con sus llamados a terminar con la ‘guerrilla fabril’, la eliminación de toda una generación de dirigentes obreros y luchadores populares que había ganado masividad, fundamentalmente del Cordobazo en adelante”, relató Bregman.
Entre los sectores patronales mencionados estuvieron “la UIA y la Sociedad Rural, el Consejo Empresario Argentino (hoy denominado Asociación Empresaria Argentina), los Rocca de Techint, los Blaquier del Ingenio Ledesma, los Madanes de Fate y Aluar, la Ford, la Mercedes Benz y tantos otros que componen una minoría en nuestro país, siguen manteniendo el poder económico y persiguiendo, con apoyo estatal, a los que toman las mismas banderas de quienes fueron asesinados por la dictadura.” En estos últimos casos, Bregman subrayó que la Justicia no actúa con lentitud ni a cuentagotas como con los genocidas, ya que son más de 4000 los procesados o encarcelados por luchar en nuestro país.
Cárcel a todos los partícipes civiles y militares del genocidio
La cifra de criminales de la dictadura que se encuentran detenidos parece una broma de mal gusto: son sólo 486, de los cuáles un 42% tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, un 3,7% no está en cárceles y un 1,7% cumple condena en centros sanitarios. Únicamente 196 fueron condenados, mientras 41 fueron absueltos. Sólo 1000 están procesados por delitos de lesa humanidad, una cifra insignificante si se calcula cuántas personas cumplían funciones en las distintas fuerzas durante la dictadura. Según un informe entregado por el Ministerio de Defensa cuando estaba a cargo de Nilda Garré, siguen en actividad 1048 oficiales y 3318 suboficiales de la marina que prestaban servicios entre los años ’76 y ’83. Si sumamos los de las demás fuerzas represivas, y consideramos que los crímenes fueron planificados y llevados adelante con la participación necesaria de la mayoría de sus integrantes, queda claro por qué la querella seguirá insistiendo en que no podemos conformarnos con encarcelar a algunos, ni que esto se haga bajo los cargos de asesinatos de ciertos individuos en particular. En Argentina hubo un genocidio, y no habrá olvido ni perdón hasta que el último de los asesinos sea encarcelado.
A 35 años del Golpe del ‘76, una de las causas más importantes para juzgar los delitos cometidos entonces está pasando por momentos decisivos. Se trata de la mega-causa ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el mayor centro clandestino de detención del país durante la última dictadura militar. El miércoles 18, en la sala se encontraban presentes integrantes de organismos de derechos humanos como el CeProDH, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), H.I.J.O.S, Madres de Plaza de Mayo, sobrevivientes y familiares como Patricia Walsh, representada por los querellantes en esta causa por el asesinato de su padre Rodolfo Walsh. Del otro lado, los rostros de los imputados Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Alfredo Astíz y Adolfo Donda lucían imperturbables, aunque no es difícil imaginar su consternación al tener que comparecer frente a un tribunal oral y llegar a la sala esposados, algo impensable años atrás; todo un triunfo de quienes vienen luchando por encarcelarlos.
Apenas iniciada la lectura del alegato, Myriam Bregman advirtió que “la historia de este expediente da cuenta de la historia de la impunidad en Argentina”, describiendo a continuación el arduo camino que debieron transitar sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos para llegar a la instancia actual. La abogada repasó algunos hitos de la impunidad: las leyes de obediencia debida y punto final, el indulto a los genocidas, y finalmente el desmembramiento de la causa en varias distintas, cuestión que oculta la magnitud del plan de exterminio que existió, evita que todos los partícipes (militares y civiles) sean juzgados como genocidas, y obliga a los sobrevivientes y familiares a testificar varias veces, arriesgándose innecesariamente y reviviendo hechos traumáticos una y otra vez.
El alegato develó los pormenores del asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, planificado y perpetrado por la patota de la ESMA, acusándose por este hecho a Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Pablo Eduardo García Velasco, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Juan Carlos Fotea, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber, Ricardo Miguel Cavallo. Luis Bonomi se refirió a las circunstancias de secuestro y condiciones de detención de tres de los sobrevivientes, hoy querellantes: Carlos Lorkipadnise, Enrique “Cachito” Fukman y Osvaldo Barros. En estos y otros casos se traslucía que las torturas apuntaban a destruir física y psicológicamente a los individuos, especialmente en tanto militantes o luchadores populares: según se dijo en el recinto, buscaban destruir las organizaciones combativas, especialmente las de trabajadores. Los prisioneros de la ESMA fueron sometidos a trabajo esclavo, siendo obligados a falsificar documentos, entre otras tareas.
Ojos que no ven
Una denuncia reiterada en esta instancia fue la política restrictiva que tiene la Justicia en lo que respecta a la televisación y transmisión del juicio: es una forma de continuar protegiendo a los imputados, de que sus rostros queden ocultos, de que los testimonios de los sobrevivientes no sean escuchados por millones. El ocultamiento es una variable contra la cual se viene luchando también en un terreno que resulta fundamental: el acceso a la información. “Nos preguntamos” –dijo Bregman- “cuándo entregarán los gobiernos de turno a la justicia la lista completa de los represores que actuaron en cada campo (...) El problema de los así llamados ‘archivos de la represión’ recorrió el presente proceso oral. Esos documentos constituirían prueba fundamental para dilucidar el destino de las víctimas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada. Puso esta querella gran esfuerzo para dar con ellos, por las víctimas desaparecidas a la fecha, por los sobrevivientes y por todos aquellos niños -hoy jóvenes- que aún continúan apropiados, es decir, siguen presos en su condición de víctimas.” La exigencia de que se busquen archivos ocultos mediante medidas efectivas y se entregue toda la información pertinente en poder del Estado, se planteó como prioritaria e ineludible.
Terrorismo de estado, participación civil y patronal
Un punto fundamental del alegato consistió en desnudar el verdadero carácter de la dictadura, demostrando que no se trató de la obra de “locos sueltos” o de grupos aislados, sino que actuaron las instituciones represivas de conjunto: “al igual que en otros juicios” –indicó Bregman- “los acusados han querido justificar su accionar argumentando que se estaba viviendo una guerra, como si esta definición trajera consigo mágicamente la exculpación y absolución por el genocidio que ellos cometieron. Como si la palabra “guerra” autorizase el uso generalizado de la tortura, la desaparición forzada de personas, el asesinato a sangre fría, la apropiación de bebés, las violaciones, el robo, los centros clandestinos de detención, la perpetración de un genocidio.” La abogada encontró un paralelo con la utilización del término que hacen las potencias imperialistas para justificar sus crímenes, en nombre de la supuesta “guerra contra el terrorismo”, en nombre de la cual Argentina adhirió a las políticas represivas promovidas por los Estados Unidos.
Pero los militares no actuaban por iniciativa propia, ni estaban solos: contaban con el valioso apoyo de instituciones como la Iglesia Católica. Los grandes empresarios fueron quienes pergeñaron el plan que exterminó a 30.000 compañeros: “para implementar su política de hambre y miseria, venían pregonando con sus llamados a terminar con la ‘guerrilla fabril’, la eliminación de toda una generación de dirigentes obreros y luchadores populares que había ganado masividad, fundamentalmente del Cordobazo en adelante”, relató Bregman.
Entre los sectores patronales mencionados estuvieron “la UIA y la Sociedad Rural, el Consejo Empresario Argentino (hoy denominado Asociación Empresaria Argentina), los Rocca de Techint, los Blaquier del Ingenio Ledesma, los Madanes de Fate y Aluar, la Ford, la Mercedes Benz y tantos otros que componen una minoría en nuestro país, siguen manteniendo el poder económico y persiguiendo, con apoyo estatal, a los que toman las mismas banderas de quienes fueron asesinados por la dictadura.” En estos últimos casos, Bregman subrayó que la Justicia no actúa con lentitud ni a cuentagotas como con los genocidas, ya que son más de 4000 los procesados o encarcelados por luchar en nuestro país.
Cárcel a todos los partícipes civiles y militares del genocidio
La cifra de criminales de la dictadura que se encuentran detenidos parece una broma de mal gusto: son sólo 486, de los cuáles un 42% tiene el beneficio de la prisión domiciliaria, un 3,7% no está en cárceles y un 1,7% cumple condena en centros sanitarios. Únicamente 196 fueron condenados, mientras 41 fueron absueltos. Sólo 1000 están procesados por delitos de lesa humanidad, una cifra insignificante si se calcula cuántas personas cumplían funciones en las distintas fuerzas durante la dictadura. Según un informe entregado por el Ministerio de Defensa cuando estaba a cargo de Nilda Garré, siguen en actividad 1048 oficiales y 3318 suboficiales de la marina que prestaban servicios entre los años ’76 y ’83. Si sumamos los de las demás fuerzas represivas, y consideramos que los crímenes fueron planificados y llevados adelante con la participación necesaria de la mayoría de sus integrantes, queda claro por qué la querella seguirá insistiendo en que no podemos conformarnos con encarcelar a algunos, ni que esto se haga bajo los cargos de asesinatos de ciertos individuos en particular. En Argentina hubo un genocidio, y no habrá olvido ni perdón hasta que el último de los asesinos sea encarcelado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario