jueves, 31 de marzo de 2011

Arreglan por arriba y pegan abajo

Por: Manolo Romano
Después de semanas de tironeos, finalmente Cristina recibió a Moyano en la Casa Rosada. De golpe ante las cámaras de TV, el ministro Tomada, flanqueado por el jefe de la CGT y el ministro Boudou, anunció el acuerdo del 24% de aumento salarial, en tres cuotas, para el gremio de camioneros. La foto mostró a un Moyano manso y de vuelta en sus funciones: otra vez tratando de fijar un tope hacia abajo para los reclamos salariales en las paritarias del resto de los gremios, que en su mayoría supera el 30%.
Horas antes de formalizar el acuerdo, el jefe cegetista había hablado en un acto en conmemoración de Saúl Ubaldini. Haciendo honor a la estrategia del líder de la CGT de los ‘80 de “pegar para negociar”, Moyano se definió dispuesto a “encabezar lo que sea necesario para defender a los trabajadores”, dando a entender, de paso, su reivindicación del bloqueo a la edición del domingo del diario Clarín.
El giro táctico de la CGT supone el arreglo de trastienda sobre, al menos, una de las demandas de la burocracia sindical: elevar el mínimo no imponible para el impuesto al salario ideado por Cavallo y que los K han mantenido como una regresiva medida recaudatoria, sacando del bolsillo de cerca de 2 millones de asalariados que superan los 4900 pesos mensuales (un mínimo apenas por encima de lo que se calcula como costo de la canasta familiar). Esta aberración, sin embargo, no será eliminada, ni siquiera reclama eso Moyano, sino reformada para que no se coma gran parte del aumento de los sectores mejores pagos. Esto, además, será puesto por el gobierno en la mesa de negociación con los gremios para atenuar los reclamos. De conjunto, tanto Moyano como el gobierno mandaron una señal tranquilizadora al establishment: las disputas internas en el peronismo no alterarán los negocios, y se tratará de evitar que se abran brechas que desaten una puja en las paritarias que se pueda salir de madre.
La segunda señal favorable al empresariado fue dada por el gobierno con la unánime declaración del Senado en repudio al piquete contra el Grupo Clarín, donde el bloque kirchnerista votó junto a la oposición defensora de “La Corpo”, un rechazo a los métodos de acción directa que sienta un nuevo precedente del régimen político contra los que luchan.
El moyanismo tomó parte de un histórico y justo reclamo de los trabajadores gráficos de la planta AGR-Clarín, pero en su propio beneficio, cuando nada había hecho por un conflicto que se arrastra desde el 2004, desde que Néstor Kirchner ordenó el desalojo de la ocupación de la planta con la Infantería y permitió 119 despidos (ver notas). Fue evidente que el momento elegido para la medida de fuerza coincidió con el interés del aparato moyanista, en plena disputa con Clarín que fogoneó la noticia del exhorto de la justicia suiza. La oposición y las corporaciones mediáticas lo utilizaron para lanzar una falsa campaña “por la libertad de prensa” como si los diarios fueran la única mercancía producida por los trabajadores que no pudiera ser detenida. Las patronales de diarios, radios y televisión que tienen en sus plantas a miles de trabajadores precarios, rechazan la organización sindical de base y cuyos jefes pisotean la libertad de opinión de los periodistas independientes, aprovecharon, contra la lucha de los trabajadores, el hándicap que les da el profundo desprestigio de la dirección de la CGT. La primera lección es que toda causa justa que toma la burocracia sindical puede volverse en su contrario.
Todas las últimas apariciones de la CGT, que en última instancia son acciones para impactar en la escena mediática, fueron parte de un operativo de despegue del “paro por Covelia”, el día que la cúpula cegetista se autoescrachó ante millones amenazando paralizar el transporte para defender al jefe del sindicato de camioneros de la acusación de lavado de dinero a partir de un negocio empresario de la recolección de residuos.
Ahora Moyano prometió “reventar la 9 de Julio” en el acto convocado por la CGT para el 30 de abril, cuando la burocracia sindical vuelva a hacer una demostración de fuerzas para poner en la balanza de la interna gubernamental hacia la reelección presidencial.
La “gesta” de la CGT por el “poder para los trabajadores” tuvo un nuevo paso de comedia cuando Moyano presentó al ministro Boudou, a punto de traer una nueva misión del FMI a la Argentina, como su “Amado” candidato para jefe de gobierno de la Capital. Es discutible si tanto amor explícito de la burocracia cegetista ayuda al ex militante juvenil de Alsogaray que cultiva un perfil para disputar con Macri el electorado “independiente” de clase media porteña o, en realidad, lo puso al borde de quedar fuera de la carrera. Pero lo decisivo no es la opinión pública de clase media, sino que Boudou es el responsable de prácticas antisindicales (como las de Clarín) en el INDEC en colaboración con la burocracia de UPCN y las unidades básicas K. Hace poco un comunicado de la junta Interna de ATE denunció que “la dirección (intervención) del INDEC resolvió acogerse a la recomendación del departamento jurídico del Ministerio de Economía y suspender a 3 compañeros por 10 días, promoviendo además el desafuero de 2 delegados de ATE Indec para poder aplicar la misma sanción”. Los ataques continuaron con un nuevo despido, sumarios y amenaza de desafueros gremiales, mientras otorgan puestos a trepadores con sueldos de 15 mil pesos, arribistas de clase media cheta que repentinamente se vuelven fervientes defensores de La Cámpora, de “Pueblo Peronista” y otros agrupamientos de chupamedias del “estado-patrón”. Este “transvasamiento generacional” de una burocracia estatal de jóvenes K se da también en los directorios de las empresas en las que el Estado capturó las acciones de las AFJP. Como entraron en el directorio de Techint, donde la patronal de los Rocca pretende el desafuero del delegado Guillermo Betancout opositor a la burocracia de la UOM Campana, o en Aluar de Madanes, el mismo dueño de Fate que persigue al delegado de base Víctor Ottoboni.
En estas páginas, seguimos denunciando los ataques judiciales a los delegados que son sólo una parte de decenas de casos de despidos de activistas, sin fueros gremiales, que buscan organizarse en un régimen de dictadura patronal en las fábricas, donde la militancia enfrenta fuego cruzado: la inteligencia de la empresa y los buchones de la burocracia sindical. Muchos de ellos contratados y tercerizados, como los despedidos de la multinacional Pepsico que pelean por pasar a planta permanente. O en la autopartista Pilkington que aplica un “despido discriminatorio y antisindical de Rubén ‘Ronal’ por hacer respetar los ritmos de producción acordados por la Comisión Interna y así como su participación como integrante en la Asociación Mutual de Trabajadores de Pilkington”, según denuncia un petitorio de sus compañeros.
Mientras la burocracia sindical y los “jóvenes de gestión” K trabajan para el “modelo industrialista con valor agregado”, como le gusta repetir a la Presidenta, ese “valor agregado” (plusvalía) se extrae día a día contra la resistencia obrera. En definitiva, en tanto las pujas entre las patronales con Moyano, de Moyano con el gobierno, y del gobierno con las patronales, todas, son parte de una “guerra fría”, de un ‘tira y afloje’ dentro de un mismo régimen de explotación; hay una oculta “guerra de clases” en los lugares de trabajo donde buscan barrer al sindicalismo de base con despidos de activistas y procesamientos de delegados.
La campaña nacional de una defensa común de los perseguidos por luchar que venimos proponiendo desde el PTS y su Juventud trabajadora-estudiantil debe comprometer, en primer lugar, a toda la izquierda, las organizaciones del sindicalismo de base y los organismos de Derechos Humanos que marchamos el 24 de marzo.

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